Los talibanes legalizan la esclavitud y el abuso del poder

El líder supremo de Afganistán y jefe del movimiento «Talibán»*, el mulá Haibatulá Ajundzada, aprobó un nuevo Código de Procedimiento Penal. El documento, firmado el 4 de enero de 2026 y enviado a los tribunales provinciales, ha provocado duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Según informó la organización afgana de derechos humanos «Rawadari», que obtuvo una copia del texto, el código consta de tres secciones, 10 capítulos y 119 artículos que eliminan los principios básicos del sistema judicial moderno.

Los analistas de «Rawadari» concluyeron que las disposiciones del código contradicen por completo los estándares internacionales de justicia. En el documento están ausentes principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad de todos ante la ley, el derecho a la defensa y el derecho a guardar silencio. El código no establece penas mínimas ni máximas, y declara como principales pruebas de culpabilidad la confesión del acusado y los testimonios, lo que, según los expertos, crea incentivos directos para el uso de la tortura con el fin de obtener confesiones.

Especial preocupación suscita la disposición relativa al «tazir», una institución del derecho islámico en la que el acto se reconoce como delito, pero la medida de castigo no está explícitamente fijada en la ley y queda a discreción del juez.

Discriminación religiosa y represión del disenso

Una de las principales novedades del código es la consagración jurídica de la discriminación contra las minorías religiosas. El apartado octavo del artículo 2 del documento define como musulmanes únicamente a los seguidores de la escuela hanafí, mientras que a los representantes de otras corrientes y creencias los califica como «mubtadeh» (herejes).

Esta disposición afecta directamente a numerosas minorías religiosas de Afganistán, incluidos los chiíes ya‘faríes, los ismailíes, los sijs, los hindúes y otros grupos. Según diversas estimaciones, los chiíes representan entre el 15 % y el 30 % de la población del país, y ahora han sido oficialmente declarados herejes.

El artículo 14 del código autoriza el asesinato «en interés público» de personas que defiendan «creencias falsas contrarias al islam» o llamen a ellas. El Código permite tal ejecución con la autorización de un «imán». El artículo 26 prohíbe expresamente a los seguidores de la escuela hanafí cambiar de religión. Si en juicio se demuestra el abandono de la fe, la persona puede enfrentar una pena de dos años de prisión.

Foto Reuters

La libertad de expresión también queda bajo amenaza. El artículo 17 establece dos años de prisión por «burlarse» o «ridiculizar» disposiciones islámicas, sin que la ley precise qué debe considerarse exactamente una burla.

El apartado 11 del artículo 2 define el concepto de «baghi» —«rebelde»— como una persona que «aspira a difundir la corrupción». Según el código, «su daño es público y no puede corregirse de otro modo que mediante la pena de muerte». En la práctica, esta disposición otorga a los talibanes una base jurídica para ejecutar a opositores, críticos y defensores de derechos humanos sin garantías de un juicio justo.

El apartado 6 del artículo 4 va aún más lejos: concede a cualquier musulmán el derecho de castigar por sí mismo a una persona a la que considere pecadora.

Esta disposición no solo confiere facultades punitivas a los tribunales, sino también a ciudadanos comunes, a miembros de la llamada policía de la moral y a clérigos vinculados a los talibanes. Tal enfoque viola gravemente el derecho a la integridad personal, la prohibición de detenciones arbitrarias y el derecho a un juicio justo.

Estratificación social y legalización de la esclavitud

Quizá el aspecto más escandaloso del nuevo código sea la consagración oficial de la estratificación social y la legalización de facto de la esclavitud. El artículo 9 divide la sociedad afgana en cuatro categorías: «eruditos y conocedores del islam» (ulemas), «élite» (ashraf), «clase media» y «clase baja».

A partir de ahora, la pena por un mismo delito no dependerá de su gravedad, sino del origen social del acusado. A un ulema, según el documento, basta con reprenderlo; a un representante de la élite se le citará ante el tribunal para una conversación. Una persona de clase media será encarcelada, mientras que alguien de la «clase baja», además de prisión, recibirá castigo corporal.

Los defensores de derechos humanos subrayan que este enfoque viola directamente el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación consagrados en el derecho internacional.

Además, el código legaliza de hecho la esclavitud: en diversos artículos se menciona reiteradamente la palabra «esclavo» (gulam). Así, el artículo 15 establece: «En caso de cualquier delito para el cual no se haya fijado un ‘hadd’ (castigo preestablecido), se impondrá un ‘tazir’ (castigo discrecional), independientemente de que el delincuente sea libre o esclavo». El apartado 5 del artículo 4 dispone que la ejecución del «castigo tazir» puede ser llevada a cabo por el «marido» y el «señor» (badar).

Como señalan los expertos, los talibanes no introducen formalmente la esclavitud, pero operan con los conceptos de «azad» (libre) y «gulam» (esclavo, dependiente), ya que esta distinción tiene relevancia en los textos fundamentales de la escuela hanafí. Al mismo tiempo, el código no especifica cómo una persona puede adquirir o perder el estatus de esclavo.

Política de género: la violencia legalizada y los derechos de las mujeres reducidos a cero

El nuevo código tendrá consecuencias especialmente graves para las mujeres afganas. El documento legaliza de hecho la violencia doméstica y priva a las mujeres de cualquier mecanismo de protección frente a los abusos de sus maridos.

Foto del sitio alarabiya.net

El artículo 32 del código establece que el marido recibirá solo 15 días de arresto únicamente en el caso de que la agresión con un palo haya provocado lesiones graves y la mujer pueda demostrarlo ante el juez. Otros tipos de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres ni siquiera se mencionan en el documento como actos ilícitos.

A modo de comparación, el artículo 70 del código prevé una pena de cinco meses de prisión por la organización de peleas de animales —perros, camellos, ovejas o aves—.

De este modo, las peleas de gallos están legislativamente consideradas un delito más grave que golpear a la esposa.

Al mismo tiempo, el artículo 34 amenaza con prisión a una mujer que se haya ido a casa de sus padres sin el permiso del marido y se niegue a regresar. Además, también serán castigados los miembros de su familia que se nieguen a devolverla al esposo. Esta disposición priva de hecho a las mujeres de la posibilidad de refugiarse en el hogar paterno frente a la violencia doméstica.

Los niños tampoco están protegidos contra la violencia. El artículo 30 prohíbe a los profesores únicamente aquellos castigos corporales que provoquen fracturas óseas o desgarros en la piel, permitiendo implícitamente todos los demás tipos de castigo físico. El artículo 48 autoriza expresamente al padre a castigar a su hijo de diez años, por ejemplo, por negarse a rezar.

Represión de la libertad de expresión y vigilancia total

El nuevo código crea una base jurídica para reprimir cualquier disidencia y crítica contra las autoridades. El artículo 19 declara delito la realización de un «acto permitido» que haya sido prohibido por el líder del «Talibán», así como la crítica u objeción a «cuestiones permitidas».

Como señalan los defensores de derechos humanos, esta disposición es tan amplia que permite a las autoridades perseguir a ciudadanos por prácticamente cualquier acción o declaración. Por ejemplo, la prohibición de la educación para las mujeres, introducida por los talibanes, entra en la categoría de «cuestiones permitidas», y ahora criticar esa prohibición pasa a ser un delito penal.

El artículo 23 prescribe una pena de 20 latigazos y seis meses de prisión para quienes insulten a los líderes del «Talibán». Esta disposición criminaliza cualquier crítica dirigida contra los cargos del movimiento y otorga a los jueces amplias facultades para reprimir a los opositores.

El artículo 24 obliga a todos los ciudadanos a informar a las autoridades competentes sobre reuniones «subversivas» y actividades de «enemigos del régimen». El incumplimiento de esta obligación se castiga con dos años de prisión. De este modo, se introduce en el país una vigilancia total y la práctica de la delación, mientras que la neutralidad de los civiles, garantizada por el derecho internacional humanitario, deja de ser reconocida.

El artículo 59 criminaliza el baile y su contemplación sin ofrecer una definición clara de estos conceptos. El artículo 13 llama a la destrucción de «lugares de depravación moral», formulación que podría extenderse a peluquerías y salones de belleza.

▶️ La organización de derechos humanos «Rawadari» instó a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales a utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles para impedir la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal de Afganistán. La organización declaró su intención de continuar supervisando la situación e informar regularmente a los medios de comunicación y a entidades defensoras de derechos humanos sobre las consecuencias de la aplicación de la nueva legislación.

El 12 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución para prorrogar el mandato del Grupo de Seguimiento que apoya al Comité de Sanciones 1988 sobre Afganistán. Durante el debate, los representantes de los Estados miembros expresaron su preocupación por la situación humanitaria y el estado de los derechos humanos en Afganistán, especialmente por las condiciones en las que se encuentran mujeres y niñas.

Ese mismo día, el viceprimer ministro de Afganistán para Asuntos Económicos, Abdul Ghani Baradar, declaró durante la ceremonia de inicio de la construcción de la carretera Kabul–Bagram que la administración talibán está trabajando para unir a los afganos bajo una única «posición islámica y nacional». Calificó la diversidad política, étnica y lingüística de Afganistán como «divisiones sin sentido» y como un problema que los talibanes pretenden eliminar. Esta declaración se produjo en un contexto de reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que se forme un gobierno inclusivo que represente a todos los grupos étnicos del país.

Según los defensores de derechos humanos, la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal en ausencia de mecanismos internos de supervisión independientes y eficaces conducirá inevitablemente a violaciones masivas de los derechos humanos, a la represión de las libertades fundamentales y a un mayor aislamiento de Afganistán respecto de la comunidad internacional.