La editora jefe de la publicación ORDA.kz, Gulnara Bazhkenova, fue puesta bajo arresto domiciliario por dos meses. Esta decisión fue tomada por un juez de instrucción la noche del 1 de diciembre, informó en su Facebook el abogado de la redacción, Murat Adam.
Anteriormente, la policía informó que se habían abierto varios casos penales contra Bazhkenova por difusión de información falsa. En la mañana del 1 de diciembre, se llevaron a cabo registros en la redacción de ORDA.kz en Almaty y en el apartamento de Bazhkenova.
Según la abogada de la publicación, Olga Didenko, a las 9:26 hora local, un equipo de investigación ingresó a la redacción con un gran número de testigos, investigadores y agentes de seguridad armados. Registraron los puestos de trabajo, incautaron documentos y equipos. Además, según afirman los periodistas, realizaron un «registro personal» de la editora jefe y del contador. En la oficina de Almaty, forzaron la caja fuerte de la editora jefe. Las fuerzas de seguridad se llevaron dinero del fondo de nómina de la redacción, según informa el canal de Telegram de ORDA.kz.
No permitieron el acceso a la abogada de la redacción y al abogado defensor, quienes contaban con las credenciales apropiadas. Tampoco pudieron revisar la orden de allanamiento, según informa la fundación internacional de defensa de la libertad de expresión «Adil Soz». De manera simultánea, en Astaná, agentes de la policía llevaron por la fuerza a declarar al editor jefe de la sucursal de la publicación, Dmitri Kim. Previamente, también se habían realizado acciones de investigación en su domicilio.
«Teniendo en cuenta la alta importancia social de los medios de comunicación y la amplia notoriedad de la editora jefe Gulnara Bazhkenova, la falta de información clara sobre la investigación previa al juicio, las declaraciones sobre posibles violaciones de la legalidad durante las acciones de investigación requieren una reacción inmediata por parte de la policía y la fiscalía», enfatizó la fundación.
La organización hizo un llamamiento para garantizar la total transparencia de los procedimientos de investigación, el respeto de los derechos de los periodistas y excluir cualquier acción que pueda interpretarse como presión sobre la libertad de expresión.



